La extracción masiva y descontrolada de oro, en la franja de territorio al sur de Venezuela que abarca el Arco Minero del Orinoco (AMO), ha resultado en un ecocidio de dimensiones incalculables y en graves vulneraciones de los derechos humanos cometidos por grupos criminales que controlan la actividad. Ante esta realidad, organizaciones civiles y agencias internacionales exigen medidas urgentes para contrarrestar la situación y establecer responsabilidades.

El tema fue analizado por expertos.

Los panelistas coincidieron en señalar que tras la minería ilegal actúa una red criminal -conformada por grupos armados, militares y paramilitares, con la anuencia o colaboración de autoridades-, responsable de la vulneración de los derechos humanos de la población de la zona. Además, destacaron que el vínculo entre la corrupción, la violación de los derechos humanos y el ecocidio que se comete en el arco minero del orinoco es un tema que debe ser atendido.

Y mientras que sigue este interminable bla, bla, bla, los Pueblos Originarios sufren sin que nadie mueva un dedo.